El texto acordado en los trílogos suscita serias preocupaciones respecto a sus implicaciones para los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la coherencia general de la política de retorno de la UE. Va más allá de una propuesta ya estricta de la Comisión, eliminando garantías básicas que existen en virtud del derecho comunitario vigente. Lleva la clara impronta de la extrema derecha: gran parte del texto se basa directamente en enmiendas presentadas por grupos de extrema derecha, como partidos nacionales como Fidesz, la AfD y la Agrupación Nacional francesa. El resultado es un texto que viola la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y el derecho internacional.
Entre los elementos más preocupantes se encuentran:
- Restricciones significativas al acceso a la salida voluntaria, a pesar de la evidencia consistente de que los programas de retorno voluntario son generalmente más humanos y rentables que las medidas coercitivas.
- Mecanismos que podrían externalizar las responsabilidades de retorno, incluida la posibilidad de deportaciones a terceros países o «centros de retorno» con los que las personas no tienen ninguna conexión previa, incluso en el caso de menores con familia.
- La obligación de los Estados miembros de dictar resoluciones de retorno incluso cuando la expulsión no sea viable, lo que podría dejar a las personas en un limbo jurídico prolongado sin perspectivas reales de retorno o regularización de su situación.
- Un debilitamiento del efecto suspensivo de los recursos, lo que podría permitir la expulsión antes de que los tribunales hayan tenido la oportunidad de examinar exhaustivamente riesgos como la persecución, los malos tratos o la devolución indirecta.
- La ampliación de los motivos de detención y la prolongación de la misma hasta 30 meses, incluyendo la posibilidad de detener a familias y menores
Cabe destacar también que diversos actores han expresado su preocupación por las implicaciones para los derechos humanos de la propuesta de la Comisión Europea. En particular, 16 relatores especiales de las Naciones Unidas y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa también han advertido sobre las posibles consecuencias para los derechos fundamentales. El texto final adoptado en el diálogo tripartito ignoró estas advertencias y redujo significativamente los estándares en comparación con la propuesta de la Comisión.